Publicaciones (09/12/24)

La Fiscalía ha sido objeto de múltiples críticas debido a una práctica que, aunque no formalmente aceptada, parece haberse convertido en un hábito: la magnificación de las imputaciones de delitos. Este comportamiento consiste en formular cargos excesivos contra los imputados o acusados, añadiendo delitos que, en muchos casos, no se ajustan a los hechos investigados. Este fenómeno no solo ha sido criticado por abogados y defensores de derechos humanos, sino también por expertos en criminología y por los jueces, quienes advierten sobre los efectos negativos que genera tanto en los procesados como en el sistema judicial en general.

 

Una de las consecuencias más graves de esta práctica es su impacto en las medidas de aseguramiento. Al imputar más delitos de los que realmente existen, o al incluir cargos infundados, la Fiscalía aumenta la probabilidad de que se impongan medidas de aseguramiento privativas de libertad, como la detención preventiva. Esta situación se agrava cuando las acusaciones son desproporcionadas, pues, bajo la presión de la magnificación de los delitos, los jueces pueden verse inclinados a ordenar medidas cautelares severas, como la detención preventiva, aún sin que se haya comprobado la responsabilidad del acusado. De este modo, las personas terminan detenidas injustamente, a menudo durante largos períodos, afectando su derecho a la libertad personal.

 

La sobrecarga de imputaciones también se convierte en una estrategia que, en ocasiones, busca presionar a los investigados a aceptar los cargos a través de la denominada “negociación de penas o preacuerdos”, aunque las evidencias no sustenten todas las acusaciones. Esto puede llevar a un clima de injusticia, de inseguridad jurídica, en el que las personas son tratadas como responsables antes de una adecuada valoración de pruebas, vulnerando principios fundamentales del derecho penal, como la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.

 

Además, esta práctica perjudica la efectividad de la justicia, al desviar los recursos de la Fiscalía hacia investigaciones que, en lugar de abordar de manera efectiva los crímenes más graves, terminan saturando el sistema con imputaciones que carecen de sustento. Esto genera un efecto adverso en los procesos judiciales, aumentando la carga de trabajo en juzgados y tribunales ya de por sí sobrecargados.

 

Es esencial que la Fiscalía adopte una postura más rigurosa y transparente en la formulación de imputaciones, basándose únicamente en pruebas sólidas que respalden cada cargo. Solo así se podrá garantizar un sistema judicial más justo y eficiente, que proteja los derechos de los ciudadanos y mantenga la confianza en la administración de justicia.