La Crisis de la Detención Preventiva en Colombia: Vulneración de la Dignidad y los Derechos Humanos

En Colombia, la detención se ha convertido en un reflejo alarmante de la crisis penitenciaria. El problema desde luego es igualmente alarmante en la ciudad de Pasto. Personas en detención preventiva y condenados permanecen en estaciones de policía y calabozos y en los denominados Centros de Detención Transitoria debido al hacinamiento extremo en las cárceles, viviendo en condiciones inhumanas que vulneran derechos fundamentales, especialmente la dignidad humana.
 
Dicho hacinamiento, la falta de salubridad y atención medida, la alimentación deficiente e insuficiente y la carencia de servicios básicos son constantes en estos lugares; a ello se suma, “la desgracia” de la corrupción generalizada de la guardia, que facilita y se beneficia del tráfico de drogas y cobra dinero a los detenidos por acceso a beneficios básicos, como un espacio para dormir o recibir comida o “para mejorar” el lugar o la celda. En la mayoría de casos, las personas permanecen encerradas sin acceso a luz solar, forzadas a dormir en espacios reducidos o incluso de pie o por turnos debido a la falta de espacio.
 
Esta crisis se agrava con la detención de personas que podrían beneficiarse de otras medidas, como la prisión domiciliaria o la imposición de medidas no privativas de la libertad, evitando así su ingreso a un sistema ya absolutamente colapsado. Fiscales y jueces, al solicitar y ordenar detenciones, deberían considerar las condiciones inhumanas de estos lugares y la posibilidad de alternativas que garanticen los derechos de los procesados y condenados, en lugar de agravar su situación.
 
Entonces, la corrupción, el tráfico de drogas y todo lo antes mencionado; los malos tratos, las riñas constantes, las condiciones absolutamente limitadas, en todo sentido, y la explotación económica convierten los centros de detención en espacios de abuso, donde la dignidad humana es continuamente pisoteada. Esta realidad perpetúa lo que la Corte Constitucional ha llamado un estado de cosas inconstitucional, convirtiendo la detención en una forma de castigo anticipado que contradice los principios del derecho y la justicia y pone en riesgo constante a las personas que terminan recluidas es esos lugares.
 
El Estado debe actuar de forma urgente, implementando medidas que erradiquen la corrupción, mejoren las condiciones carcelarias y de detención y regulen con rigor la imposición de medidas de aseguramiento. Ignorar esta problemática solo perpetúa un sistema degradante y deshumanizador, contrario a los valores fundamentales de una sociedad democrática.
 
P/ Cualquiera de nosotros, nuestros hijos o familiares, amigos o conocidos; podríamos un día estar detenidos!!
 

GUIDO MAURICIO RAMOS TORRES

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