LA CORRUPCIÓN EN LA JUSTICIA: Un Obstáculo para la Igualdad y la Confianza Ciudadana; además, perjuicio para los abogados y funcionarios éticos y correctos.

Aunque no es generalizada, la corrupción en ciertas áreas de la administración de justicia en Colombia causa un daño profundo y sistémico. Prácticas corruptas detectadas en algunas oficinas de reparto, juzgados, fiscalías y otros despachos judiciales han favorecido indebidamente a algunas personas, generando desigualdad y afectando gravemente la percepción de justicia en el país.
 
Este tipo de corrupción distorsiona el principio de igualdad ante la ley, pues mientras unos obtienen beneficios ilegítimos, otros enfrentan un sistema más rígido y menos accesible. Lo más preocupante es que estas prácticas afectan directamente a los abogados que trabajan de manera ética y honrada, quienes ven cómo les “quitan” procesos o clientes para dar paso a abogados corruptos que prometen resultados indebidos, en ocasiones con la participación real de funcionarios. Además, no solo los abogados éticos son perjudicados, sino también los funcionarios judiciales que se esfuerzan por actuar correctamente y respetar la ley. Estos servidores públicos, a menudo, se ven desplazados y afectados por quienes usan la corrupción como una herramienta para modificar el reparto de los procesos y, fundamentalmente, por quienes piden dinero a las personas involucradas en los procesos supuestamente para entregar a dichos funcionarios, entre otras graves prácticas; creando así un ambiente de desconfianza y desmotivación dentro del propio sistema judicial.
 
Adicionalmente, la ciudadanía, desilusionada por la lentitud y las desigualdades del sistema, tiende a buscar a estos abogados corruptos, incentivando la subcultura de la ilegalidad en lugar de promover el respeto por la justicia, los abogados, los funcionarios y por el debido proceso. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones judiciales, sino que también perpetúa la percepción de que la justicia es un privilegio accesible solo para quienes pueden pagar por beneficios ilícitos.
 
Es urgente que las instituciones redoblen esfuerzos para combatir estas prácticas, desde controles más estrictos en las oficinas y despachos hasta sanciones ejemplares contra quienes, desde dentro o fuera del sistema, contribuyen a la corrupción. Defender a los abogados correctos y éticos, así como a los funcionarios respetuosos de la ley, es esencial para recuperar el respeto por la justicia. Solo con medidas contundentes se podrá garantizar un acceso igualitario y legítimo a la justicia en Colombia.
 

GUIDO MAURICIO RAMOS TORRES

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