EL USO PERVERSO DE DENUNCIAS FALSAS EN PROCESOS DE FAMILIA: UNA PRÁCTICA “DELICTIVA”, PELIGROSA Y PERJUDICIAL.
En el ámbito del derecho de familia, particularmente, en los procesos de divorcio, custodia y liquidación de sociedad conyugal, ha surgido una práctica alarmante que pone en riesgo no solo la justicia, sino también la vida y la dignidad de las personas involucradas. “Algunos” abogados, motivados por ganar a toda costa, asesoran a sus clientes para que interpongan denuncias por violencia intrafamiliar o incluso (que peligro) por delitos sexuales contra su cónyuge. Esta terrible práctica, además de ser profundamente antiética, tiene consecuencias devastadoras tanto para las víctimas de estas acusaciones falsas como para “sus hijos”, familias y para el sistema judicial en su conjunto.
Reaccionen, eso es delictivo: es fraude procesal y es ser determinador de falsa denuncia; pero ante todo, no sean perversos, dichas falsas denuncias pueden arruinar vidas. Cuando un esposo o esposa es acusado injustamente de un delito tan grave como la violencia intrafamiliar y/o un delito sexual, se enfrenta a un proceso penal desgastante que afecta su reputación, su estabilidad emocional, su relación con sus hijos y, en muchas ocasiones, su libertad. Incluso si la denuncia se demuestra infundada, el daño moral y social ya está hecho, dejando cicatrices difíciles de sanar.
Este tipo de maniobras terribles no solo afecta a las partes involucradas, sino que también sobrecarga al sistema judicial. Las autoridades, obligadas a investigar estas denuncias, desvían recursos que podrían destinarse a casos genuinos. Además, estas prácticas generan un clima de desconfianza que perjudica a las verdaderas víctimas de violencia por esos delitos, ya que las denuncias falsas siembran dudas sobre la veracidad de los casos reales.
La actuación entonces, de algunos abogados que fomentan estas estrategias no solo viola los principios de ética profesional, sino que compromete la integridad de la justicia. La función del abogado debe ser garantizar el respeto al debido proceso y procurar soluciones justas para sus clientes, no recurrir a tácticas que exploten el sistema penal para obtener ventajas en procesos civiles.
Es urgente que la comunidad jurídica reflexione sobre estas malas prácticas y busque soluciones efectivas. Una posibilidad es fortalecer los mecanismos de control ético, disciplinario y penal sobre los abogados que incurran en estas conductas, sancionándolos de manera ejemplar. Además, es fundamental promover la educación en valores y ética profesional en las facultades de derecho para evitar que futuros abogados perpetúen estas prácticas.
El derecho no puede ser un arma para venganzas personales ni un medio para alcanzar objetivos a cualquier costo. La justicia solo puede existir cuando se actúa con honestidad, respeto y responsabilidad.
GUIDO MAURICIO RAMOS TORRES
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